La pandemia de COVID-19 trajo consigo un complejo entramado de crisis coyunturales que interactúan entre ellas y que, a su vez, interactúan con otras crisis estructurales como la climática. En el caso mexicano, aunque usualmente se habla de una sola, son en realidad al menos cuatro.
Primero, una crisis sanitaria con 1.4 millones de personas contagiadas y 123 mil fallecidas a diciembre de 2020 según las cifras de la Secretaría de Salud, aunque el registro de actas de defunción eleva la cifra a 335 mil, equivalente a la población de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. En segundo lugar, una crisis económica con la peor caída del producto interno bruto anual en la historia del indicador de alrededor del -8.5 %, y una de cada cinco empresas registradas en el Censo Económico de mayo de 2019 cerradas permanentemente para septiembre de 2020.
En tercer lugar, una crisis social con 4.7 millones de personas más en pobreza laboral que en 2019 y una ampliación de las brechas entre hogares ricos y pobres, debida principalmente a la posibilidad de hacer teletrabajo, y con implicaciones aún no cuantificadas en la educación de millones de niños, niñas y adolescentes por el cierre de las escuelas. Por último, una crisis de cuidados –un trabajo no remunerado realizado principalmente por mujeres en México– ante el cierre de escuelas, estancias, guarderías, asilos y casas para personas adultas mayores, lo que ha impedido a las mujeres regresar a los trabajos de mercado. Estas cuatro crisis además afectaron de manera diferenciada a distintos sectores económicos y sociales, así como a distintos territorios del país.
La política fiscal puede jugar un papel central para la recuperación económica, al asumir un carácter contracíclico que ayude a suavizar las caídas de la actividad económica. Sin embargo, a pesar de la amplitud y profundidad de las cuatro crisis antes mencionadas, hasta diciembre de 2020 el gobierno mexicano había implementado políticas fiscales por un monto equivalente a 1.96 % del PIB, de las cuales aquellas medidas con impacto presupuestario inmediato representan 0.68 puntos porcentuales del PIB –donde 0.22 puntos se destinaron al sector salud y 0.46 puntos al resto de programas sociales–, mientras que las medidas de apoyo a la liquidez y de operaciones cuasi-fiscales, como préstamos de la banca de desarrollo, representaron 1.28 puntos porcentuales del PIB.
Al comparar a México con otras economías nacionales ocupa el lugar 150 de 181 economías, mientras que cuando se compara únicamente con economías en desarrollo similar ocupa el lugar 47 de 59 economías; una respuesta que se asemeja a la de Gambia o la de Belice, países con economías mucho menos complejas y con una menor capacidad estatal. A diferencia de otros gobiernos nacionales, México cuenta con información de programas sociales previos a la pandemia y, aún así, la respuesta del gobierno a las crisis derivadas de la COVID-19 no consideró la creación de programas sociales nuevos, ni la expansión en el número de personas beneficiadas o en los montos de los programas ya existentes, sino que únicamente adelantó los pagos de cinco programas sociales existentes.
Una de las causas más importantes para la respuesta tan insuficiente del gobierno federal son los bajos ingresos públicos históricos del país. México es una anomalía fiscal: a pesar de ser una de las 15 economías más grandes del mundo por producto interno bruto, con un nivel de desarrollo medio, somos el país con los ingresos tributarios más bajos entre las economías de la OCDE y uno de los más bajos de América Latina; con ingresos tributarios similares a los de economías menos desarrolladas como Djibouti, Gambia o El Salvador.
Pero, a diferencia de lo ocurrido en otros países como Argentina, Bolivia y España que habilitaron políticas fiscales de emergencia para obtener recursos adicionales para combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales, en México se decidió sostener una política fiscal más cercana a la ortodoxia. El resultado de sostener una política fiscal tan prudente –con un déficit fiscal primario bajo, sin modificaciones en el sistema tributario y sin la contratación adicional de deuda pública– es que las familias y las empresas son quienes terminan asumiendo el costo de la deuda de manera privada para amortiguar la crisis de liquidez que atraviesa nuestra economía.
El proyecto Presupuesto federal para la recuperación presenta una propuesta mínima para la protección social de los sectores más afectados por la pandemia con un costo estimado de 120,497 millones de pesos, que equivalen al 0.48% del producto interno bruto y al 2.61% del gasto programable en 2021. Para la implementación de este paquete proponemos financiarlo a través de reasignaciones presupuestales, sin adquirir nueva deuda ni modificar la asignación a la seguridad social, sino a través del redireccionamiento del dinero público para comenzar la recuperación post COVID-19 en México. En este vínculo se pueden definir distintos planes para la recuperación, así como sus posibles fuentes de financiamiento.
Como han mostrado tanto el caso brasileño como los de las principales economías europeas, el reto para el año 2021 se encuentra ante las nuevas olas de la pandemia, derivadas de las nuevas variantes del virus, así como el lento proceso de vacunación. Por ello, más allá de los esfuerzos en el corto plazo para liberar recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica, social y de cuidados, ningún plan será sostenible sin recursos públicos suficientes a mediano y largo plazo.
Por ello, es crucial que se empuje un debate público lo más amplio posible para que el gobierno federal avance una reforma fiscal profunda y progresiva. Una reforma de este alcance debería considerar, por lo menos: la eliminación o máxima reducción de los beneficios fiscales en los hogares y empresas de mayores ingresos; el aumento en la progresividad del ISR, especialmente en los segmentos de mayores ingresos; el impulso de mayores acciones para reducir tanto la evasión como la elusión fiscal; el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para aumentar la capacidad de los gobiernos estatales y municipales a fin de mejorar su recaudación propia, y el impulso de mayores acciones de transparencia, participación pública y rendición de cuentas en los gobiernos subnacionales.
Para estar a la altura de las circunstancias, dicha reforma fiscal debería plantearse cómo avanzar hacia un estado de bienestar que ofrezca una red de protección social más amplia y durable para la población, que incluya de forma indispensable un adecuado sistema público de salud, una red de protección social y un sistema público nacional de cuidados. Tenemos ante nosotras una coyuntura sin precedentes para preguntarnos quién debería pagar por la recuperación y cómo se pueden implementar políticas fiscales que consideren a todos los sectores de la población, pero que pongan en el centro a las personas más vulnerables de nuestro país.
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* Carlos Brown Solà (@cabrowns) es especialista en finanzas públicas y gobernanza de SUR | Instituto del Sur Urbano. Adriana García (@Adri_35) es investigadora senior de México, ¿cómo vamos?
